Históricamente la participación de las mujeres en la vida pública panameña ha enfrentado obstáculos importantes que se ve reflejado en el poco apoyo que reciben de los diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el gubernamental, produciéndose una discriminación de la mujer en las funciones públicas.

Sin embargo esta brecha se redujo hace unos días cuando fue promulgada en Gaceta Oficial la Ley 56 del 11 de julio de 2017, que establece el derecho de las mujeres al acceso y a la participación activa en la toma de decisiones de entidades pública.

“Esta norma – dijo la Vicepresidenta y Canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado – contribuye significativamente al empoderamiento económico de la mujer al aumentar sus oportunidades en cargos de liderazgo, lo que se ha probado incrementa la eficacia de las organizaciones e impulsa el desarrollo en equidad de las naciones”

La abogada Especialista en Género y Coordinadora de la Red Contra la Violencia a la Mujer, Tania Visuetti, señala que un 50% hubiera sido lo justo, sin embargo este porcentaje concedido, esto es un avance significativo ya que la mujer tendrá participación en puestos de poder, donde realmente no existían estos espacios de mando, ya que los mismos son dominados en su mayoría por hombres.

En la Universidad de Panamá, agrega la jurista, se gradúan un 75% de mujeres, sin embargo los puestos de poder no los están teniendo las mujeres. “Que ellas estén dentro esos espacios es un avance, lo que significa que todo nuestro intelecto va a estar ahí para formar parte de las juntas directivas de las distintas instituciones y esto es importante, ya que tenemos mucho que aportar, mucho que decir, mucho que hacer para que la situación sea diferente”, concluyó.

Paulina Pérez-Quijano González, participante de los Talleres de Innovación del Canal de Emprearias en la provincia de Chiriquí, destaca que vivimos en una sociedad con desigualdad de género y todavía altamente machista. “Se ve reflejado en tomas de decisiones para acuerdos, reglamentaciones o regulaciones en cualquier ámbito y que se vea directamente en asuntos gubernamentales es altamente inquietante porque es desde esta misma entidad la que debería estar gestando el cambio y no lo está haciendo. Esto es un problema de estructura, de raíz”, señaló.

 

 

Por eso, agrega Pérez-Quijano, es tan vital que las empresas privadas, organizaciones de derechos humanos y la misma sociedad pugne por una mayor equidad de género en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Esta norma se aplicará a través de un crecimiento porcentual. Una vez sancionada las juntas directivas del Estado tendrán al menos un 10% de participación de mujeres. La segunda y tercera fase, dos años y tres años después de la sanción, obliga a las juntas a tener un 20% y 30% de las mujeres en sus cargos, respectivamente. La propuesta de ley, fue introducida en el año 2016.

El proyecto aprobado, de tres artículos, indica que “en todas las instituciones del Estado, autónomas o semiautónomas, que posean juntas directivas, se designará, por lo menos, un 30 % de mujeres en la totalidad de sus cargos, con iguales prerrogativas, deberes y derechos que los demás miembros de la Junta Directiva”.

Un estudio de Unimer presentado el año pasado reveló que las mujeres ganan lo mismo que ganaban hace diez años los hombres por el mismo trabajo y que para que se equiparen los salarios al ritmo que van hoy tomarían unos 118 años. El porcentaje de mujeres en cargos públicos en Panamá es de un 19.3 %.

En el 2014 y en la presente administración gubernamental, el Banco Nacional, principal banco estatal, nombró por primera vez a una mujer en su Junta Directiva después de 110 años de existencia y se aprobó en la reorganización del Banco Nacional la participación mínima de 3 mujeres en la junta directiva.